En fast track presentaron las propuestas de reforma para saltarse el procedimiento en comisiones, así Morena retomó la iniciativa de AMLO, le hizo ajustes y la presentó como propia
Con 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención en fast track se aprobaron durante la madrugada de este viernes las reformas a la Ley Minera, así como de las leyes de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; que de acuerdo con Morena buscan fortalecer los términos en los que se otorgan las concesiones. fast track, fast track, fast track, fast track, fast track, fast track, fast track
Así, la Cámara de Diputados tramitó en fast track dicha ley, la cual en su parte central modifica los plazos de las concesiones mineras, para que duren 30 años y en prórrogas, puedan alargarse hasta 80 años.
La iniciativa original del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), planteaba que las concesiones durarían 15 años, se podrían refrendar por otro periodo igual, por lo que su duración total sería de 30 años, sin embargo, no se discutió en Comisiones de la Cámara baja.
Por lo que Morena, para acelerar el trámite, retomó la propuesta de AMLO y le hizo ajustes, la presentó como iniciativa propia y se sometió a discusión directa en el Pleno.
Asimismo, por la tarde del jueves se reunió con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, quien solicitó a los coordinadores de las bancadas darle impulso a la reforma y de esta manera saliera este jueves 20 de abril y no hasta el siguiente periodo, como ya habían acordado en comisiones.
El titular de la Segob se reunió en privado, en las oficinas de la Jucopo, con líderes parlamentarios y representantes de la industria minera. Después del encuentro, se confirmó que la reforma saldría de manera exprés, sin dictamen, sin pasar por comisiones y a través de una iniciativa de la bancada morenista.
Como parte de las reformas hechas a la Ley Minera, el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, destacó que el objetivo es recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos del país, así como evitar los abusos en la explotación de esos bienes y garantizar el cuidado al medio ambiente.
También se busca refrendar que la nación regulará la entrega, mantenimiento, supervisión y terminación de concesiones mineras y de agua para actividades mineras.
En materia de consultas a pueblos indígenas, la reforma precisa los nuevos requisitos para llevarlas a cabo y subraya que se realizarán antes de entregar la concesión.
En la reforma se establece que los particulares podrán aportar elementos a la Secretaría de Economía (SE), para que ésta determine si es pertinente pedir al Servicio Geológico Mexicano realice tareas de exploración.
En cuanto a las “asignaciones” para explorar, explotar, beneficiarse, usar y aprovechar minerales, serán “indefinidas” y no se sujetarán a concurso, se entregarán tratándose de actividades estratégicas o exclusivas del Estado, y para el aprovechamiento de sustancias reservadas al Estado, como el litio o el uranio.
Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía , puntualizó que la explotación de minerales no puede ser individual, como planteó AMLO, por lo que en la iniciativa se estableció que las concesiones se otorgarán para dos o más minerales susceptibles de explotación conjunta y si se localizan más minerales, las concesiones podrán modificarse para incluirlos.
Otro de los puntos destacados de este paquete de modificaciones es que no se otorgarán permisos a mineras en Áreas Naturales Protegidas y se incluyeron medidas para resguardar los derechos de los pueblos indígenas, pues deberán ser consultados de manera previa al otorgamiento de cualquier licencia. El costo de las consultas deberá ser cubierto por la persona física o moral que la solicite.
Dichas reformas también establecen la creación del Programa de Restauración, Cierre y Post-cierre y la Gestión de los Residuos Mineros y Metalúrgicos, con el fin de reducir el impacto ambiental y en la salud pública que pueden tener las minas.
Por su parte, la diputada Raquel Bonilla Herrera de Morena hizo énfasis en que el marco jurídico vigente no estipula ninguna medida para reparar los daños ecológicos y en la salud provocados por la actividad minera, por lo que la iniciativa ayudaría a evitar la sobreexplotación y permitiría avanzar hacia un equilibrio entre el bienestar de los ecosistemas y la protección de los derechos humanos.
De esta forma la nueva Ley Minera considera que se condicionará la concesión minera a la disponibilidad hídrica en la zona, cancelará los permisos si transcurren dos años sin que se reporten trabajos en las minas, otorgará concesiones únicamente por mineral o sustancia, incluirá un capítulo de delitos para sancionar conductas delictivas en esta materia, ordenará el cierre de minas que representen un desequilibrio ecológico y eliminará el derecho de las personas titulares de las concesiones a obtener la expropiación de un terreno para la explotación.
Según datos compartidos en la sesión por Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo (PT), de las 249 operaciones mineras metálicas en México, el 72% no tiene permiso en las descargas residuales, el 62% no cuenta con concesiones de agua, 55% carece de información sobre emisiones de contaminantes y 51% opera en acuíferos sin disponibilidad de agua.
Finalmente como dato adicional, uno de los votos a favor fue del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, el panista Santiago Creel, que de viva voz y por vía telemática claramente dijo: “a favor”.
Sin embargo, al percatarse del hecho, presentó un escrito en el cual solicitó dejar asentado en el “expediente parlamentario” que en realidad su voto era “en contra”.
Con información e imágenes de agencias.
