Dictan prisión preventiva a alcalde de Teuchitlán por presunta relación con el Rancho Izaguirre
José Ascensión Murguía Santiago fue detenido y es señalado de ser autor material del Rancho Izaguirre.
El alcalde presenta cargos por reclutamiento de personas, trata y explotación, adiestramiento forzado y desaparición forzada.
El alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, fue detenido el sábado por personal de la Fiscalía General de la República (FGR) e imputado el domingo por el delito de delincuencia organizada en agravio de la colectividad.
Según la FGR, Murguía Santiago no solo estaba al tanto de lo que ocurría en ese terreno, sino que formaba parte activa de su operación. Las autoridades lo acusan de facilitar patrullas, armas y elementos policiales del municipio de Teuchitlán para proteger el predio y evitar que las personas reclutadas escaparan.
A cambio de estos servicios, habría recibido pagos mensuales de 70 mil pesos en efectivo por parte de integrantes del cártel, quienes le entregaban el dinero en brechas rurales cercanas al municipio.
De acuerdo con la FGR, los cargos también incluyen reclutamiento de personas, trata y explotación, adiestramiento forzado y desaparición forzada.
El representante legal del alcalde, Carlos Santos, informó que la continuación de la audiencia inicial será el próximo viernes, tras apegarse al plazo constitucional de 144 horas.
El alcalde optó por no declarar en esta primera etapa del proceso. Mientras tanto, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
El abogado declaró: “Ya es un tema que las autoridades van a resolver. Nosotros haremos nuestro trabajo y ellos deberán actuar conforme a derecho”. Agregó que será el viernes cuando su cliente podrá dar su versión de los hechos, ya que este domingo sólo se presentaron los datos de prueba de la fiscalía.
De acuerdo con información de las autoridades, varias víctimas identificaron a Murguía Santiago como reclutador, quien las atraía con engaños al rancho Izaguirre.
Durante la audiencia del domingo 5 de mayo, el Ministerio Público presentó testimonios de víctimas que identificaron directamente al alcalde como parte de la estructura criminal.
Una de las declaraciones más graves lo ubica ingresando al Rancho Izaguirre junto a José Gregorio Lastra, alias El Comandante Lastra, uno de los principales reclutadores del CJNG. De acuerdo con esa versión, ambos despertaron a otro operador apodado El Rojo y le ordenaron abrir una fosa donde arrojaron una bolsa con órganos humanos.
Los fiscales calificaron a Murguía como “autor material y directo” de los hechos que ocurrieron en ese sitio, el cual operaba como centro de adiestramiento del crimen organizado.
Según la acusación, también tenía injerencia en los procesos de selección: determinaba quiénes “pasaban” o no las pruebas de reclutamiento. Aquellos que no superaban los filtros eran asesinados, mientras que los aceptados eran enviados a otras regiones, como Zacatecas o Aguascalientes, donde operan células armadas del cártel.
Además, la FGR lo acusa de poner patrullas municipales al servicio del crimen organizado, brindar vigilancia para evitar fugas de personas reclutadas y permitir el libre actuar de los delincuentes en el municipio. También se señaló que el edil recibía 70 mil pesos mensuales a cambio de su colaboración.
El Rancho Izaguirre fue intervenido por primera vez por elementos de la Guardia Nacional en septiembre de 2024, cuando fueron detenidas 10 personas y rescatadas dos víctimas. Sin embargo, fue hasta marzo de 2025 cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó nuevamente al lugar y halló cientos de prendas de ropa, restos óseos calcinados y señales de actividad criminal intensa.
El colectivo señaló públicamente que el predio habría funcionado como un centro de exterminio, hipótesis que la FGR no ha respaldado oficialmente. El fiscal general Alejandro Gertz Manero aseguró en conferencia de prensa la semana pasada que el lugar únicamente funcionó como centro de reclutamiento.
Guerreros Buscadores respondió presentando imágenes satelitales con columnas de humo negro visibles durante días, lo que demostraría que en el sitio se realizaron quemas prolongadas con combustibles pesados.
El hallazgo del Rancho Izaguirre derivó directamente en el descubrimiento del Rancho La Vega, también en Teuchitlán. Allí, el 29 de enero de 2025, las autoridades rescataron a 38 personas, de las cuales 36 fueron identificadas como víctimas de reclutamiento forzado.
El gobernador Pablo Lemus declaró que dio personalmente la orden de trasladarlos al penal para su identificación. Según la FGR, en ese lugar se obligaba a las personas a fabricar drogas y consumir carne humana, lo que agravó aún más las imputaciones contra el alcalde.
De acuerdo con la Fiscalía, el alcalde conocía y avalaba estas prácticas. Las víctimas relataron que se les sometía a tortura sistemática como parte del proceso de entrenamiento criminal. Murguía habría estado al tanto de estas condiciones e incluso habría intervenido para seleccionar a quienes serían trasladados al norte del país y a quienes se eliminaría.
Las advertencias sobre la operación de campamentos del crimen organizado en la región se remontan al menos a 2018, cuando el entonces fiscal del estado, Eduardo Almaguer, ofreció una conferencia en la que mostró imágenes de sitios de entrenamiento en el municipio de Tala, colindante con Teuchitlán.
Las fotografías incluían garrafones, ropa abandonada, utensilios y restos de comida, evidencia de ocupación prolongada por parte de grupos armados. Pese a esos señalamientos públicos, las autoridades estatales no actuaron para desarticular la operación criminal que, según la FGR, se consolidó en el Rancho Izaguirre durante los siguientes años.
Un caso que compromete a las instituciones
Murguía Santiago ha ocupado la presidencia municipal de Teuchitlán en tres periodos: 2012–2015, 2021–2024 y desde octubre de 2024. Pertenece al partido Movimiento Ciudadano, mismo al que pertenece el gobernador de Jalisco.
Tras su detención, el gobierno estatal emitió un comunicado en el que expresó su confianza en que la FGR conducirá el caso de forma imparcial y sin tintes políticos.
En el ámbito político, legisladores del Partido Acción Nacional han advertido que el alcalde podría estar siendo utilizado como “chivo expiatorio”, y han exigido que se investigue una posible red de complicidades institucionales más amplia. Por su parte, Movimiento Ciudadano sostuvo que espera que se llegue a la verdad sin sesgos partidistas.
En sus escasas declaraciones públicas, el alcalde había negado conocer el Rancho Izaguirre. Pero los testimonios presentados por la Fiscalía —incluidas las identificaciones directas hechas por las víctimas rescatadas— contradicen esa versión y lo colocan en el corazón de las operaciones criminales.
EFE
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