Violencia laboral en el Estado: cuando el mérito estorba y el miedo organiza
Derecho al Punto, por Alejandro Ortega Mayorga
Miércoles 17 de diciembre de 2025
Cuando pensamos en violencia laboral, solemos imaginarla en empresas privadas. Pero una de sus expresiones más persistentes —y más difíciles de denunciar— se vive dentro de los propios órganos del Estado. Y eso tiene una gravedad especial: porque el gobierno, que debería ser garante de derechos, termina normalizando prácticas que degradan la dignidad laboral y castigan el profesionalismo.
En el Poder Judicial del Estado de Querétaro, la violencia laboral rara vez se presenta como grito o insulto frontal. Suele presentarse como estructura. Empieza con una idea que se repite en pasillos: el mérito no siempre es la llave; la “palanca” sí. La carrera se distorsiona cuando los ascensos, adscripciones, encargos y oportunidades dependen más de cercanías, lealtades o afinidades que de evaluación transparente, experiencia y resultados. El mensaje es corrosivo: el desempeño deja de importar, y el trabajo se convierte en una competencia por agradar.
A esa distorsión se le suma un fenómeno que muchos reconocen aunque pocos se atreven a nombrar: el favoritismo que huele a nepotismo. Cuando cónyuges, parejas, familiares o amistades de años “de pronto” aparecen en posiciones clave —jueces, secretarías, coordinaciones, direcciones— se rompe la confianza interna y externa. No se trata de afirmar que toda designación sea indebida: se trata de señalar que, sin reglas claras, sin concurso real, sin motivación pública y sin controles de conflicto de interés, el sistema queda expuesto a la sospecha permanente.
Después viene la fase más común: el desgaste dirigido. Si alguien estorba para acomodar piezas, la presión no siempre llega como orden escrita; llega como ambiente: aumento desproporcionado de carga, delegación de funciones que no corresponden al puesto, cambios repentinos de criterio, plazos imposibles, correcciones interminables y un “tono” que deja claro que no se busca mejorar, sino quebrar. Se fuerza así el “cambio voluntario” de adscripción o la renuncia. No te despiden: te orillan. Es una forma de violencia institucional que se disfraza de productividad.
En materia penal, el problema se vuelve aún más delicado. La carga ya es alta por naturaleza: términos, audiencias, resoluciones inmediatas, riesgos procesales, y la responsabilidad de decidir sobre libertad y derechos humanos. Pero a esa exigencia legal se le agregan —en ocasiones— exigencias extra-legales: plazos “internos” más cortos que los de la ley, instrucciones de órganos superiores que se sienten como línea, presión por “sacar” acuerdos o proyectos a cierta hora, y la expectativa de disponibilidad permanente: estar al pendiente del celular privado, responder fuera de horario, vivir con la idea de que cualquier retraso se paga con reprimenda o “castigo” administrativo.
Cuando el tiempo manda más que el derecho, la justicia se vuelve maquila: aumenta el margen de error y disminuye la calidad, con consecuencias directas para víctimas e imputados.
Lo más grave es la contradicción: el Poder Judicial debe ser ejemplo de legalidad, imparcialidad y profesionalización, pero cuando tolera presiones indebidas, favoritismos y ambientes de miedo, se debilita desde dentro. Y un Poder Judicial debilitado internamente difícilmente puede sostener su autoridad moral frente a la ciudadanía.
La salida no es el escándalo por el escándalo. La salida es institucional: concursos reales y públicos; criterios de designación verificables; controles estrictos de conflicto de interés; rotación y límites a redes de poder; protección efectiva contra represalias; canales de denuncia que no re victimicen; medición y redistribución de cargas; y, sobre todo, una cultura de respeto donde el mando no sea sinónimo de intimidación.
La justicia empieza por casa. Y una institución que exige respeto al derecho debe comenzar por respetar la dignidad de quienes sostienen el sistema todos los días: su personal.
Derecho al Punto
Derecho al PuntoPor Alejandro Ortega Mayorga
Abogado, fundador de OM Firma Legal. Columnista en temas de Derecho, política y sociedad.
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