Polémica en Ley de Guardia Nacional: Militares podrían ser diputados y presidentes
En el corazón de la nueva y controversial Ley de la Guardia Nacional yace un artículo que podría redibujar el mapa político de México: el Artículo 44, que otorga a los miembros de la corporación militarizada una vía legal para competir por cargos de elección popular, incluyendo la Presidencia.
La aprobación de la nueva Ley de la Guardia Nacional no solo ha transferido su control a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), sino que ha introducido una de las disposiciones más explosivas y debatidas en la historia reciente de la legislación mexicana: la posibilidad de que sus integrantes, formados bajo disciplina militar, puedan convertirse en legisladores, alcaldes o incluso en el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
Este cambio, contenido en el Artículo 44 de la nueva ley, ha encendido las alarmas de la oposición y de analistas, quienes ven en él una amenaza directa a la separación histórica entre el poder militar y el poder civil en México.
La «Licencia Especial»: El Puente de la Milicia a la Política
El mecanismo que permite esta transición es una figura denominada «licencia especial». Según lo estipulado en la ley aprobada, los integrantes de la Guardia Nacional podrán solicitar esta licencia para separarse de sus funciones y competir en elecciones. Los plazos establecidos son claros:
* Para cargos como diputaciones o senadurías: Deberán separarse de su cargo 90 días antes de la elección.
* Para el cargo de Presidente de la República: Deberán separarse seis meses antes del día de la elección.
La Justificación Oficial: Un Derecho Constitucional
El oficialismo ha defendido esta medida como una simple cuestión de congruencia legal. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, argumentó que la Constitución garantiza a todos los mexicanos el derecho a votar y ser votados. Desde su perspectiva, la ley únicamente regula la forma en que los miembros de la Guardia Nacional pueden ejercer ese derecho, estableciendo los periodos de separación necesarios, tal como se hace con otros funcionarios públicos. «Lo que ahora se hace es dar congruencia en la legislación ordinaria», afirmó Monreal.
La Alarma Opositora: «Militarización de la Vida Pública»
La reacción de la oposición ha sido de un rechazo frontal y contundente. Consideran que esta cláusula no es un mero ajuste técnico, sino un cambio fundamental que podría tener consecuencias nefastas para la democracia mexicana.
«No es un mero cambio administrativo (…), es una reforma que consolida la militarización de la seguridad pública y no solo eso, consolida la militarización de la vida pública de México.» – Laura Ballesteros Mancilla, Diputada de Movimiento Ciudadano.
Las principales preocupaciones expresadas por los legisladores de partidos como el PAN y Movimiento Ciudadano son las siguientes:
* Conflicto de Intereses: Un legislador o funcionario que proviene de las filas militares podría tener una lealtad dividida entre sus electores y su institución de origen, especialmente al momento de votar sobre presupuestos de defensa, supervisión de las fuerzas armadas o investigaciones de derechos humanos.
* Erosión del Poder Civil: La creación de una «casta» política con origen militar podría normalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en esferas de decisión que, por tradición y principio democrático, deberían ser exclusivamente civiles.
* Modelo Autoritario: El PAN ha advertido que, bajo el pretexto de la seguridad, se está intentando imponer un «modelo autoritario que pone en riesgo la democracia».
Un Debate con Historia y Futuro Incierto
La sensibilidad del tema radica en la historia de México y el esfuerzo de décadas por mantener a las Fuerzas Armadas subordinadas al poder civil electo. La nueva ley no solo desdibuja esta línea, sino que crea una ruta de carrera completamente nueva: del cuartel a la curul.
Esto plantea preguntas cruciales para el futuro: ¿Veremos el surgimiento de un bloque parlamentario con una agenda pro-militar? ¿Cómo cambiará la dinámica del poder si un exgeneral de la Guardia Nacional llega a gobernar un estado o a ocupar un alto cargo en el gabinete? La corta separación de 90 días o 6 meses es vista por los críticos como una mera formalidad legal, insuficiente para borrar una vida de formación, lealtad y visión castrense. La puerta se ha abierto, y las consecuencias de quienes la crucen están aún por verse.
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