El sistema judicial de México fabrica culpables. Entre 2006 y 2019 se han identificaron por lo menos 574 casos de personas torturadas que fueron acusadas.
Edgar Quintero lleva casi 17 años preso en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México y ni siquiera ha recibido sentencia. Cuando lo detuvieron, el 13 de septiembre de 2006, lo acusaron de ser el líder de una banda de secuestradores. Estuvo 90 días retenido en la extinta S15ubprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde fue torturado y le obligaron a firmar decenas de hojas en blanco.
Hasta el 8 de diciembre de 2006 fue internado en el Reclusorio Sur, aunque no tiene sentencia y cuenta con un resultado positivo del Protocolo de Estambul que revela que fue torturado. Cuando fue detenido no conocía a los agentes que lo detuvieron y los directores de seguridad, empero con el pasar de los años los identificó y asegura que se trataba de Luis Cárdenas Palomino, Israel Zaragoza Rico y Genaro García Luna, quien fue sentenciado ayer por narcotráfico en una corte de Estados Unidos.
La Comisión Mexicana de Defensoría y Procuración de Derechos Humanos (CMDPDH) apunta que la fabricación de culpables es uno de los elementos que conforman la crisis de derechos humanos en México. fabrica culpables, fabrica culpables, fabrica culpables, fabrica culpables, fabrica culpables, fabrica culpables, fabrica culpables, fabrica culpables
“Se trata de un sistema desplegado por los poderes Ejecutivo y Judicial para privar de la libertad a cualquier persona, culpable o no, con tal de ‘garantizar’ la seguridad de la ciudadanía”.
Este organismo indica que en México no existe un registro real de cifras de casos de tortura porque “muchos no se denuncian y hay una tendencia en todo el sistema a negarla o calificarla como un delito de menor gravedad”.
Entre 2006 y junio de 2019 ha reconocido 230 casos de tortura hacia víctimas que fueron acusadas de delitos contra la salud, 195 casos de víctimas imputadas por portación de armas de uso exclusivo del ejército y 149 por delincuencia organizada.
La comisión reconoce que cada caso de fabricación de culpables es distinto, aunque ha identificado una serie de patrones comunes: “detenciones arbitrarias, uso de vehículos no señalizados, actuaciones de policías y/o militares/marinos sin elementos que permitan identificarlos como tal, retenciones indebidas, violencia, uso de técnicas de tortura para forzar una confesión autoinculpatoria y anular la resistencia y dignidad de la persona, siembra de pruebas, prisión preventiva, violaciones graves al debido proceso legal, exhibición y juicios mediáticos con etiquetas estigmatizantes y criminalizantes, extorsión por parte de agentes aprehensores, ministeriales y carcelarios, y falta de defensa adecuada”.
Asimismo, la organización profundiza en que en el modus operandi de fabricación de culpables, las personas comúnmente son trasladadas a prisiones federales en otros estados de la República. fabrica culpables, fabrica culpables, fabrica culpables, fabrica culpables
Un sistema de chivos expiatorios
Edgar Quintero narró que, a principios de agosto de 2006, en una ocasión que llegaba con su familia a casa de sus suegros, su vehículo fue interceptado por una camioneta y un carro de donde descendieron un grupo de presuntos agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes lo amedrentaron y privaron de su libertad.
Entre golpes y jaloneos, lo subieron a la camioneta blanca sin ventanas ni otros identificadores. A bordo fue torturado, ahogado y electrocutado. Mientras a Edgar lo llevaron a tirar a un barranco en Lerma, a su esposa la retuvieron en el automóvil familiar donde también fue amedrentada. Durante la jornada tortuosa, Edgar escuchó que los agentes lo inculpaban de ser líder de una banda de secuestradores.
El 13 de septiembre de 2006, la historia se repitió. Mientras Edgar y su familia circulaban por Avenida Tláhuac fueron acorralados por un comando de sujetos armados en camionetas y motocicletas. En ese momento lo detuvieron y le dijeron: “Esta vez no te vas a escapar, gordito”.
Antes de llevarlo a otro lugar, Edgar recuerda que llegó una camioneta de la AFI y un sujeto trajeado le comentó a los agentes que “ya estaba todo preparado”. Posteriormente, Edgar identificaría que se trataba de Luis Cárdenas Palomino.
Los agentes lo llevaron a una calle cerrada en la colonia Aurorita, en Tláhuac, y lo ingresaron a una casa donde fue torturado para declarar ante una cámara de video que era secuestrador. Al negarse, lo amenazaron con desaparecer a su familia y lo instaron a decir que había cometido siete secuestros.
Tras permanecer un día contra su voluntad en aquella casa fue trasladado a la SEIDO donde un médico le preguntó si había sido golpeado, aspecto que afirmó y le costó una nueva jornada de tortura. Debido a que también se negó a firmar declaraciones en su contra, lo pusieron en llamada telefónica con su esposa, a quien otros agentes estaban violando. Entonces se doblegó y comenzó a firmar decenas de hojas en blanco.
Luego de lo sucedido en la SEIDO, donde también identificó a Genaro García Luna, estuvo arraigado 90 días en un inmueble de la colonia Doctores. Hasta el 8 de diciembre de 2006, fue trasladado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México.
Edgar hace memoria y recuerda que en las primeras audiencias en su contra dictaron que había sido arrestado en la casa de seguridad donde tenía a una persona secuestrada. Sin embargo, él pidió que se mostraran como pruebas de su inocencia los vídeos de las cámaras de avenida Tláhuac, a la altura del Walmart de Tezonco, donde fue acorralado y detenido. Los videos nunca se presentaron.
Actualmente lleva 16 años en prisión y ni siquiera ha recibido sentencia. También cuenta con un resultado positivo del Protocolo de Estambul, un conjunto de normas internacionales para documentar la tortura y sus consecuencias, establecido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tampoco ha sido candidato para recibir los beneficios de la Ley de Amnistía del actual ejecutivo federal.
Gobierno, fiscalías y policías, incapaces de enfrentar la violencia
“En la Comisión Mexicana creemos que el incentivo perverso que está detrás de la fabricación de culpables es esencialmente que el gobierno, las fiscalías y las policías han sido sistemáticamente incapaces de hacerle frente a la violencia y la inseguridad en el país”, asegura Víctor A. del Pozo, coordinador del área de defensa integral en la CMDPDH.
En entrevista, del Pozo sostiene que la base fundamental para la fabricación de culpables es la tortura. Empero, “no como un método o acción aislada y particular, sino a todo un sistema o estructura que se compone de un amplio conjunto de piezas, una enredada cadena de acciones, omisiones y hasta hechos delictivos, que operan con el objetivo de echar a andar una compleja maquinaria de violencia, engaños e injusticia”.
Profundiza que la diferencia de imputación de delitos obedece a una lógica contextual del país. “Cuando estuvo en boga el tema del secuestro, encontramos que las cifras de tortura en casos de secuestro se elevaron. Y, por ejemplo, cuando la política de seguridad cambió en tema de drogas, las cifras de secuestro disminuyeron y se elevaron en casos de drogas”.
Debido a esto, el coordinador de la CMDPDH advierte que esto se traduce en una falsa justicia para las personas y para las mismas autoridades. “Para el Estado es mucho más sencillo acusar y castigar a quien no se puede defender (para atender la exigencia social de castigo al delito), que realmente hacerle frente a la criminalidad”.
Aunque instituciones como la CMDPDH ha sido estigmatizada por defender “presuntos delincuentes”, Víctor A. Del Pozo apunta que “la tortura no se justifica en ningún caso”, además de que es importante visibilizar las condiciones de las personas privadas de su libertad así como sus situaciones jurídicas como falsos culpables”.