La presidenta de la mesa directiva de la LXI Legislatura del estado, Ginna Guzmán ofrece su Posicionamiento en torno a la reforma judicial local
Como presidenta y representante de la Mesa Directiva de esta Sexagésima Primera Legislatura del Estado, no solo me corresponde representar a una fuerza política. Me corresponde, con absoluto respeto, representar la unidad de todas y todos los integrantes de este Congreso, para construir acuerdos y encauzar con responsabilidad los trabajos que tenemos por delante en torno a la reforma judicial.
Primero. La reforma judicial local debe ser, ante todo, constitucional. No se trata de una visión individual ni partidista. Se trata de un ejercicio técnico, profesional y responsable. Por ello, debemos escuchar a las Facultades de Derecho de nuestras universidades, a la Federación de Colegios de Abogados, al Colegio de Abogados Litigantes y a la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Querétaro. El objetivo es claro: evitar cualquier impugnación futura que enmiende la plana a esta Legislatura y asegurar que la reforma se apegue plenamente a los principios y bases que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. La reforma judicial local debe guardar la mayor similitud posible con la reforma judicial federal.
Así como se estableció la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal de Disciplina Judicial y del órgano de administración del Poder Judicial de la Federación, debemos seguir ese mismo modelo. Ello permitirá evitar sesgos, interpretaciones políticas indebidas o distorsiones que vulneren la buena voluntad y el propósito institucional de esta reforma. Cualquier innovación local debe ser una mejora, nunca una restricción de derechos ni una contradicción constitucional.
Tercero. Debemos aprender de la experiencia de otras entidades federativas. El derecho comparado nos permite identificar qué ha funcionado y qué no. Para ello, es indispensable trabajar de la mano con el Poder Judicial del Estado de Querétaro, escuchar sus puntos de vista y evitar repetir errores que afecten la impartición de justicia o los procesos electorales.
Cuarto. Es aconsejable no fijar fechas ni plazos específicos en la reforma local. Existe un debate nacional y una posible reforma electoral federal en curso. El Nacional Electoral, instancias electorales y diversas autoridades han señalado la conveniencia de revisar las fechas de elección de juezas y jueces.
Remitirnos a lo que disponga la Constitución federal nos permitirá actuar con prudencia y evitar duplicar o corregir posteriormente el trabajo legislativo.
Quinto. Es fundamental distinguir entre la reforma constitucional y el proceso electoral. Aunque la elección no se lleve a cabo en una fecha determinada, ello no impide avanzar en una reforma judicial local alineada al marco federal. Contar con un modelo nacional nos da certeza y rumbo; apartarnos de él nos expone a inconstitucionalidades que no podemos permitir.
Sexto. La reforma constitucional debe ir acompañada, desde ahora, del analisis y construcción de las Leyes secundarias. Estas leyes son las que darán operatividad y claridad a la reforma. Por ello, debemos
trabajar conjuntamente con universidades, colegios, barras y con el Poder Judicial del Estado, para garantizar que la implementación sea sólida, coherente y eficaz.
Finalmente, esta Presidencia procurará el dialogo permanente y la coordinación entre los tres Poderes del Estado.
Nuestro compromiso es claro: que Querétaro cuente con las mejores juezas y jueces del país, y que la ciudadanía reconozca, con el paso del tiempo, a un Poder Legislativo que actuó con responsabilidad, visión de Estado y altura institucional. Reformar la justicia es reformar el futuro, y ese futuro exige unidad técnica y compromiso con la Constitución
Guzmán ofrece, Guzmán ofrece, Guzmán ofrece, Guzmán ofrece, Guzmán ofrece, Guzmán ofrece,
