Cámara de Diputados aprueba leyes secundarias de la reforma judicial
La Cámara Baja aprobó en lo general y lo particular dos dictámenes que conforman leyes secundarias de la reforma judicial.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este lunes las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial.
La Cámara Baja aprobó en lo general y lo particular dos dictámenes; uno que reforma y adiciona la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y otro que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.
Así, las leyes secundarias, que ya fueron también aprobadas por el Senado de la República, se turnaron al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y posterior entrada en vigor.
Las reglas, emitidas por la presidenta Claudia Sheinbaum el 7 de octubre, complementan la reforma constitucional impulsada por Andrés Manuel López Obrador, en vigencia desde el pasado 16 de septiembre.
La elección, programada para el 1 de junio de 2025, seleccionará a la mitad de los jueces federales, algunos estatales, vacantes del Tribunal Electoral y todos los ministros de la SCJN.
No obstante, antes de llegar a la elección de impartidores de justicia, las leyes aprobadas por la mayoría oficialista, encabezada por el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), indican que el Senado emitirá una convocatoria dirigida a los tres Poderes de la Unión, es decir, al Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Estos poderes deberán de conformar Comités de Evaluación encargados de revisar a los perfiles a más tardar el 31 de octubre, a fin de emitir convocatorias y los interesados se postulen entre el 5 y 24 de noviembre próximos.
Agotado el periodo, los Comités definirán a los mejores perfiles hasta al 31 de enero y remitirán los listados a la autoridad que represente a cada Poder de la Unión, siendo el 4 de febrero de 2025 el último día.
Cada uno de los tres Poderes deberá revisar los listados y una vez aprobados, los perfiles propuestos serán sometidos a una insaculación pública que deberá depurar el grueso de los candidatos para cada cargo antes del 6 de febrero de 2025.
Estos perfiles también deberán ser sometidos a aprobación de los Poderes de la Unión y remitidos al Senado antes del 8 de febrero de 2025, para luego enviarlos al Instituto Nacional Electoral (INE), organizador de la elección, a más tardar el 12 de febrero de 2025.
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