En el bolsillo del trabajador no hubo magia.
La Carreta
Por *Eréndira Karina Córdoba
Lunes 07 de septiembre del 2026
El discurso oficial es tan rítmico como predecible, cada aumento de dígitos al salario mínimo se vende desde la tribuna como una victoria histórica y un acto de justicia social sin precedentes. Sin embargo, detrás de esa narrativa de la “conquista popular” no hay un milagro económico, sino una de las estrategias de recaudación fiscal más agresivas de las últimas décadas.
El gobierno de Morena no multiplicó el poder de compra, no aumentó el nivel adquisitivo; diseñó una jugada maestra para llenar las arcas del Estado a costa del esfuerzo privado. Durante años, el mercado laboral mexicano operó bajo esquemas donde las empresas cubrían el sueldo real, complementando con las prestaciones, un salario base registrado.
Al disparar el mínimo oficial y prohibir la subcontratación, el gobierno no creó dinero nuevo. Lo que hizo fue obligar a blanquear ese diferencial. El efecto inmediato no fue la riqueza del empleado, sino el flujo automático de recursos hacia el SAT, el IMSS y el Infonavit, que vieron multiplicarse sus ingresos sin mover un solo dedo.
El gobierno no buscaba dignificar al trabajador con esos incrementos extraordinarios; los usó como una perfecta cortina de humo para ejecutar una embestida de recaudación de impuestos sin precedentes.
El nuevo piso nominal simplemente absorbió ingresos que ya existían, pero con una enorme diferencia ya que ahora llegaron rasurados por mayores retenciones de ISR y cuotas de seguridad social. Mientras el fisco se quedaba con la tajada más grande de su esfuerzo, la inflación y así, se encarga de esta manera de encarecer la canasta básica, impulsada en parte por este mismo fenómeno.
De acuerdo con las Tablas Oficiales del SAT, los salarios de la clase trabajadora promedio quedan rápidamente atrapados en tasas recaudadoras que van desde el 6.40% hasta superar el 10.88% o 16.00% sobre sus ingresos excedentes.
Se gana más en el papel, pero alcanza para menos en el supermercado. En la otra cara de la moneda, el sector productivo ha tenido que asimilar una asfixiante carga patronal que pulverizó las utilidades de los negocios. Al indexarse las cuotas al salario mínimo, los costos de mantener el empleo formal se dispararon, obligando a congelar la recompensa salarial para el personal con más experiencia.
Lejos de ser el acto de justicia social que pregona la narrativa oficial, la vertiginosa alza al salario mínimo operó como una agresiva maquinaria de fiscalización empaquetada como un regalo para el pueblo.
La brecha se cerró artificialmente, desincentivando la productividad. Hoy, esta simulación fiscal ha llegado a su límite matemático. La reserva de dinero que el gobierno obligó a regularizar se agotó; ya no hay margen que exprimir sin empujar a las fuentes de trabajo a la quiebra.
Es momento de hablar claro en los centros laborales y derribar el mito, el gobierno jamás regaló un solo peso. Usó el sueldo de los trabajadores para cobrar más impuestos, castigó al empleo formal y culpó falsamente a quienes realmente generan la riqueza del país.
Detrás de la fachada de justicia social con la que se festejaron los aumentos al salario mínimo, se escondía una implacable estrategia fiscal diseñada para exprimir al contribuyente bajo el cobijo de una supuesta conquista laboral.
Y como siempre, la clase trabajadora sigue jalando La Carreta, aún cuando el camino se encuentre sin luz, con baches e incluso sin medicamentos ni justicia social.
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