PROFECO y sus lonas: advertencias que parecen sanciones… o sanciones que parecen advertencias
La Carreta por Eréndira Karina Córdoba
Las lonas de PROFECO colocadas en gasolineras han provocado más preguntas que certezas. Y no es para menos. La escena es casi surrealista: enormes mantas oficiales colgadas en establecimientos privados, anunciando que ahí “se vuelan la barda con los precios”, “no se respetan los precios” o que “no cargues aquí”. Una especie de escarnio público moderno, mitad advertencia, mitad espectáculo.
Las acciones se realizan en todo el país, con excepción de Baja California Sur, Quintana Roo y Puerto Vallarta, Jalisco, para comprobar que ajusten su comportamiento comercial a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor. La meta es que el litro de gasolina regular no exceda de $24.00 pesos, y el de diésel se acerque lo más posible al “acuerdo” de mantener el precio de $30.00 pesos.
El operativo está coordinado por la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza, con el apoyo de las Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco).
Pero la duda que muchos ciudadanos están planteando es legítima:
¿Entonces PROFECO ya no sanciona, solo advierte? ¿O será que, en realidad, no puede sancionar a una gasolinera por tener precios altos, y por eso recurre a la lona como mecanismo de presión social?
La ley es clara en algo, los precios de los combustibles no los fija PROFECO. La dependencia puede verificar, puede inmovilizar bombas, puede sancionar por prácticas abusivas o por no dar litros completos. Pero no puede castigar a un negocio solo por tener precios altos, siempre y cuando estén exhibidos y no haya engaño. Eso lo dicen especialistas, abogados y hasta exfuncionarios que han explicado el alcance de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Entonces, ¿Qué estamos viendo? Una estrategia que parece más comunicativa que jurídica. Una forma de “avisar” a la ciudadanía que algo no está bien, sin necesariamente haber concluido un procedimiento sancionatorio. Y ahí es donde la cosa se pone delicada.
Porque si PROFECO coloca una lona antes de que exista una resolución firme, ¿es una advertencia o es una sanción disfrazada? ¿Es un acto de autoridad o un acto de presión? ¿Es legal o es un terreno gris?
Y la pregunta que muchos empresarios están haciendo en voz baja: Si quito la lona, ¿cometo un delito?
La respuesta, según especialistas, depende del tipo de procedimiento que exista detrás. Si la lona forma parte de una medida precautoria dentro de un proceso formal, retirarla podría interpretarse como obstrucción. Si no hay procedimiento, la discusión cambia. Pero lo que sí es claro es que la ambigüedad no ayuda a nadie.
Lo que debería preocuparnos no es la lona en sí, sino lo que revela: una autoridad que parece recurrir a la exhibición pública porque los mecanismos formales no son suficientes, no son rápidos o no son claros. Y un sector empresarial que, entre la incertidumbre regulatoria y la presión social, no sabe si está frente a una advertencia, una sanción o un mensaje político.
Mientras tanto, la ciudadanía observa el espectáculo sin saber si la lona significa “aquí te roban”, “aquí investigamos” o “aquí no nos hicieron caso”.
Como diría el Buki: ¿A dónde vamos a parar? A un país donde las instituciones sancionan con lonas en vez de resoluciones. A un mercado donde la reputación se cuelga con cinchos de plástico. A una conversación pública donde la forma pesa más que el fondo.
Desde esta La carreta que avanza entre baches legales y vacíos regulatorios, la reflexión es inevitable: la protección al consumidor no debería depender de una lona, sino de un Estado que actúe con claridad, legalidad y transparencia.
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