Arrestan a Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, por orden de la CPI
El expresidente filipino Rodrigo Duterte fue arrestado en relación con un caso de crímenes de lesa humanidad presentado en su contra.
Rodrigo Duterte llevó a cabo una guerra contra las drogas durante su mandato, entre 2016 y 2022, en la que murieron unas 6 mil personas en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales.
El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte fue detenido este martes por la Policía del país asiático después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de arresto, acusándolo de crímenes contra la humanidad durante su sangrienta campaña contra las drogas, afirmó una fuente oficial.
Duterte fue detenido en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila a su llegada de Hong Kong, donde participó el pasado fin de semana en un acto electoral previo a los comicios del próximo 12 de mayo entre rumores sobre su orden de arresto.
La detención tuvo lugar después de que la oficina de Interpol de Manila recibiera esta mañana la copia oficial de la orden de arresto de la CPI, señaló la oficina presidencial en un comunicado.
Duterte y sus acompañantes llegaron al aeropuerto a las 9:20 h local, momento en que el Fiscal General del país asiático presentó la notificación de la CPI por crímenes de lesa humanidad, y el expresidente fue escoltado por las fuerzas de seguridad fuera del aeropuerto.
Según el comunicado de la oficina presidencial, el político de 79 años de edad goza de buena salud y fue examinado por un equipo médico tras ser detenido.
El exmandatario llevó a cabo una guerra contra las drogas durante su mandato, entre 2016 y 2022, en la que murieron unas 6 mil personas en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales, según las cifras de la Policía, aunque organizaciones no gubernamentales locales elevan esta cifra a más de 30 mil.
La Corte Penal Internacional inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado, y en 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos.
El arresto y la caída de Duterte sorprendieron y llevaron a las lágrimas a las familias de las víctimas de sus sangrientas campañas contra la droga.
“Este es un gran día, largamente esperado para la justicia”, dijo a The Associated Press Randy delos Santos, el tío de un adolescente asesinado por la policía durante una operación antidroga en agosto de 2017 en la metrópoli de Manila.
“Ahora sentimos que la justicia está avanzando. Esperamos que los altos mandos de la policía y los cientos de agentes de policía que estuvieron involucrados en los asesinatos ilegales también sean puestos bajo custodia y castigados”, dijo Delos Santos.
Tres de los agentes de policía que mataron a su sobrino, Kian delos Santos, fueron condenados en 2018 por el publicitado asesinato, lo que llevó a Duterte en ese momento a suspender temporalmente su brutal represión antidroga.
La condena fue una de al menos tres, hasta ahora, contra agentes de la ley involucrados en la campaña antidroga, un reflejo de las preocupaciones de las familias de las víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales de que no obtendrían justicia en Filipinas, por lo que decidieron buscar la ayuda de la CPI.
En un principio no estaba claro a dónde había llevado la policía a Duterte. El gobierno dijo que el exmandatario, de 79, años estaba en buen estado de salud.
La CPI abrió una investigación sobre los asesinatos relacionados con las drogas durante el gobierno de Duterte desde el 1 de noviembre de 2011 —cuando aún era alcalde de la ciudad sureña de Davao— hasta el 16 de marzo de 2019, ante la posibilidad de que sean delitos de lesa humanidad. Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma en 2019, una medida que activistas por los derechos humanos consideran tenía el objetivo de evitarle rendir cuentas por los asesinatos.
El gobierno de Duterte intentó suspender la investigación del tribunal global a finales de 2021, argumentando que las autoridades filipinas ya estaban investigando las mismas acusaciones, y alegando que la CPI —un tribunal de última instancia— no tenía jurisdicción.
En julio de 2023, jueces de apelaciones de la CPI dictaminaron que la investigación podía reanudarse y rechazaron las objeciones del gobierno de Duterte. La corte, con sede en La Haya, puede intervenir cuando los países no están dispuestos o son incapaces de procesar a los sospechosos de los crímenes internacionales más atroces, incluidos genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
El presidente, Ferdinand Marcos Jr., quien sucedió a Duterte en 2022 y se enfrascó en una amarga disputa política con el expresidente, ha decidido no reincorporarse al tribunal global. Sin embargo, el gobierno de Marcos ha declarado que cooperaría si la CPI le solicita a la Interpol que detenga a Duterte a través de una alerta roja, una solicitud para que las agencias policiales en todo el mundo localicen y arresten temporalmente a un sospechoso de un delito.
EFE
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