Carlos Zamarripa, fiscal de Guanajuato, presenta su renuncia tras más de 15 años en el cargo
El fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, presentó su renuncia al cargo, la cual será efectiva a partir del 1 de enero de 2025.
Carlos Zamarripa Aguirre es un abogado, político y funcionario mexicano, que fue designado como Fiscal de Guanajuato desde 2009 hasta el 2024. Con 15 años de servicios como fiscal, se trata de uno de los fiscales que más tiempo permaneció en funciones en México y cuya administración ha dejado un alza en crímenes y asesinatos.
La gobernadora del Estado, Libia Denisse García Muñoz Ledo, anunció este lunes que el funcionario le comunicó su decisión el pasado 27 de septiembre. Zamarripa dejará el cargo el 1 de enero de 2025.
La gobernadora de Guanajuato, la panista Libia Dennise García Muñoz Ledo, ha anunciado este lunes, a través de su cuenta de X, que el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, le ha presentado su renuncia al cargo el pasado 27 de septiembre.
García Muñoz Ledo ha informado la decisión al Congreso local para los efectos legales que procedan, y ha confirmado que la renuncia tendrá efectos a partir del 1 de enero del 2025. Zamarripa Aguirre, un polémico funcionario con 30 años de trayectoria en puestos públicos —15 de ellos al frente de la Fiscalía estatal— se ha visto envuelto en varias disputas y señalamientos públicos por su gestión al frente del Estado con más asesinatos en México.
Su renuncia es la confirmación de la primera promesa de la gobernadora de Guanajuato, quien aseguró, en su primer acto de campaña, que ni Zamarripa ni el secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, estarían en el próximo Gobierno.
La decisión, que ha sido comunicada al Congreso local la tarde de este lunes, tendrá que ser revisada por los legisladores, e iniciar un proceso para la renovación de la Fiscalía. En tanto, Zamarripa, al que le restaban tres años en el cargo, permanecerá como titular de la dependencia y tendrá que esperar al nombramiento de un fiscal interino que ocupe el puesto hasta el nombramiento del nuevo funcionario.
El pasado mes de julio, Zamarripa Aguirre modificó el reglamento interno de la Fiscalía para añadir prestaciones a las jubilaciones. Morena apunta a que las ha subido un 30%, de manera que a él le queda una pensión de 144.000 pesos al mes, su sueldo en funciones. Mientras, el Congreso —controlado por PAN y PRI- aprobó el nombramiento de un alfil de Zamarripa para vigilar las cuentas de la Fiscalía. “Una jubilación dorada”, así fue descrita la prestación por medios locales y especialistas en seguridad del Estado.
Guanajuato ha encadenado cinco años colocándose como el lugar con más homicidios del país, de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que advierten de que cada año se superan los 3.000 homicidios.
Y lleva meses encadenando masacres: desde los 11 jóvenes de una posada navideña en Salvatierra, el pasado mes de diciembre; a la cacería sin fin de policías en el Estado, en febrero. Pasando por la masacre de una familia en el municipio de Yuriria y por los continuos asesinatos de policías.
Raymundo Sandoval, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, asegura que la decisión no significa necesariamente una promesa de mejora para Guanajuato, un Estado golpeado por la violencia que se recrudece cada día.
“En 2018 realizamos un intenso cabildeo para evitar que Carlos Zamarripa llegara a ser el primer Fiscal General autónomo a partir del pase automático, que ya se había derogado a nivel federal, pero que en Guanajuato se mantenía. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, [exgobernador del Estado] aprovechó esta ‘anomalía legal’ para imponerlo”, publicó en sus redes sociales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador también se posicionó en contra de Zamarripa, e incluso pidió su renuncia tras la masacre de Salvatierra, el 17 de diciembre de 2023, cuando aseguró: “Tiene una fuerza política descomunal, tiene muchísima protección, es como si él fuese el gobernador, apoyado por grupos con mucha influencia”.
Un grupo de personas llegó sin avisar a la posada navideña aquel 17 de diciembre y cuando los asistentes de la fiesta les pidieron que se retiraran, regresaron con un comando de hombres armados y abrieron fuego contra las víctimas. Esa fue la principal hipótesis de la Fiscalía de Guanajuato sobre la matanza, en la que fueron asesinados 11 jóvenes y otros 14 resultaron lesionados.
Restos de más de mil personas identificadas y entregadas a sus familiares
En el estado de Guanajuato hay seis lugares de hallazgos de personas reportadas como no localizadas y mil 105 han sido identificadas a través de pruebas de genética, dactiloscopia, fichas técnicas de identificación y aplicación de tecnología para la correcta identificación de los más de mil cuerpos, de los cuales, han sido entregados 845 restos a sus familiares y otros “están en el proceso de llevar acabo la entrega”.
“Me han llamado en lo menos gandalla”, defiende Zamarripa bono y reprocha ‘linchamiento’
El fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, asegura que el bono que recibirá es legal y censura a sus críticos por ‘satanizarlo injustamente’.
Carlos Zamarripa Aguirre reprochó la crítica malsana, injuriosa, difamatoria, injuriante, así como al linchamiento mediático al que ha sido expuesto él y la institución, tras el bono a su pensión autorizada para su próxima salida.
Además de reconocer la laboral del personal de toda la FGEG y particularmente el administrativo, ofreció disculpas “por no poder instrumentar también esa compensación en su seguridad social».
Esa no está en mi manos, porque así no lo establece el Constituyente, igual disculpa al personal sustantivo, esto es, a los agentes del Ministerio Público, a los peritos, a los analistas, a los agentes de investigación Criminal, porque me tardé años en dar instrumentación del esquema”, explicó.
Si en algo sirve en su descargo, agregó: “considere que no eran las condiciones en el pasado, no eran las más adecuadas”, y señaló al Congreso del Estado como el responsable de ello.
Tal vez, montado en la pueril ilusión de que esta soberanía actuaría en mérito a ese mandato constitucional, en un mundo sensato, ajenos a intereses protervos o egoístas, esa tardanza debería ser el verdadero reclamo, no la crítica malsana, mendaz e hipócrita, por haber emitido un acuerdo que únicamente reconoce y da cuerpo a lo que se reitera constitucional y legalmente se ha dispuesto desde el 16 de junio del 2008”.
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Agencias
